La Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, conocida ayer 24 de noviembre de 2011, ratifica aquello que Filón Verde (FV) ha venido defendiendo desde su creación: Las explotaciones de carbón a cielo abierto en las comarcas de Laciana y Babia son ilegales. La sentencia viene a darnos la razón, a certificar y servir de altavoz al grito de ilegalidad que proclama de FV desde el año 2004. Grito que sonó como un clamor inútil en el desierto del laberinto administrativo que desestimó recursos, ignoró escritos, obvió denuncias y hasta se rió de las alegaciones presentadas. (Más de un centenar de comunicaciones escritas y remitidas a las Administraciones Públicas).
Ahora es el momento de exigir responsabilidades de todos los cargos públicos que, con sus firmas, dieron cobertura legal a las explotaciones: Consejeros, Directores Generales, Delegado Territorial, Jefes de Delegaciones en León de Minas y Medio Ambiente. De los que, con su silencio cómplice, permitieron que le ilegalidad se mantuviese en el tiempo: Presidente de la Junta, Consejeros de Industria, Fomento y Medio Ambiente, Alcaldes y Concejales de Villablino y Cabrillanes. FV valorará en los próximos días la posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional contra los responsables de estos hechos. E incluso contra el responsable de los informes remitidos al Tribunal de Justicia que ayer falló, mintiendo sobre la situación de la explotación de Fonfría al asegurar (epígrafe 37): La tercera de las minas del Norte se denomina «Fonfría». Tiene una extensión de 350 hectáreas y fue autorizada el 21 de julio de 1999. La extracción de carbón en este lugar se inició en enero de 2001 y terminó en diciembre de 2010. Lo afirmado en nada se parece a la realidad. En la explotación "Fonfría", la empresa Coto Minero Cantábrico no ha dejado de extraer carbón desde enero de 2001 hasta el día de hoy, 25 de noviembre de 2011, en que sigue con la actividad extractiva.
Filón Verde exige además a la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Villablino y Ayuntamiento de Cabrillanes que el plazo de una semana decreten la paralización de todos los trabajos en las explotaciones activas (Nueva Julia y Fonfría) y precinten las mismas, con la maquinaria utilizada, para proceder de inmediato a la restauración de la legalidad y la corrección de los daños causados.
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